El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, indicó que en el incidente del lunes en Sucre, cuando se detuvo al exgobernador Esteban Urquizu por violar la cuarentena, se descubrió no solo el indebido uso de bienes, sino también usurpación de cargo.
Urquizu había asistido a una audiencia de apelación en el proceso que se le sigue por uso indebido de influencias y otros delitos; el juez determinó que siga en detención domiciliaria y que debe presentarse cada 15 días para su registro en la Fiscalía.
El exfuncionario fue detenido cuando retornaba a su domicilio en un vehículo particular pero con la identificación de Ayuda Social de la Gobernación de Chuquisaca.
“Lo curioso es que el vehículo estaba conducido por funcionarios de la Gobernación. Esta vagoneta particular fue retenida por la Policía para verificar si tiene los permisos que emite el Ministerio de Gobierno”, apuntó Santamaría a radio Panamericana.
Señaló que el permiso otorgado por la Gobernación es irregular, dado que es el Ministerio de Gobierno el único facultado para ello; se investigará el hecho. “Estamos indagando bajo qué amparo normativo se han emitido estos permisos en Chuquisaca; es el único departamento en que la Gobernación habría aplicado esto. Para tomar las medidas hemos instruido al Comando Departamental de Policía de Chuquisaca elevar un informe para que se proceda como corresponde en las siguientes horas”.
En el documento de permiso dice, describió Santamaría, “COVID – Ayuda Social, con el logo de la Gobernación de Chuquisaca, figura el nombre del conductor; tengo inclusive la placa registrada con el escudo de la Gobernación”.
Cuando se trasladaba a las personas que estaban en el vehículo a la estación policial de San Roque, continuó su relato Santamaría, “se ha verificado que los supuestos funcionarios portaban credenciales del Servicio Departamental de Salud, pero verificada la base de datos, los mismos no son funcionarios”.
Así, “al haber ejercido ilegalmente una función o haber usurpado un cargo estos señores han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Sucre, para que allí se proceda con las acciones respectivas”.
Para Santamaría se trata de “privilegios que le otorgan sus compañeros de partido (a Urquizu) en la Gobernación, pues se le permite la circulación, se le otorga pases irregulares y acredita ilegalmente a ciudadanos que no son funcionarios para que los acompañen y trasladen”.
Ayer, el asambleísta departamental Eusebio Cordero confirmó la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público por los delitos de uso indebido de influencias, uso indebido de bienes del Estado, uso de instrumento falsificado y por incumplimiento de deberes contra Urquizu, el exgobernador interino Víctor Sánchez Morales, el director del Sedes, Martín Maturano Trigo, y las dos personas que acompañaban a Uquizu: José Luis Cuéllar y Rodolfo Avilés.
Cordero dijo que los dos últimos dijeron que eran funcionarios del Sedes y que incluso mostraron una credencial, que “solo usamos algunas autoridades que estamos fiscalizando la cuarentena y personal de salud; esto dos señores sin ser funcionarios de la Gobernación ni de Sedes portaban esta credencial”. Sánchez y Maturano son acusados por haber “firmado” el pase.
El asambleísta Cordero ratificó el punto de vista de Santamaría, en sentido de que el permiso es facultad exclusiva del Ministerio de Gobierno.
Con respecto al hecho, el abogado de Urquizu, Edgar Petersen, dijo que su defendido lo único que hizo fue obedecer al juez acudiendo a la audiencia de apelación y que fue auxiliado por los funcionarios de la Gobernación, pues su domicilio está lejos de los juzgados.
“Resulta no muy lógica la actuación policial ya que existe una orden del juez, del tribunal, que dispuso que nos presentemos, yo soy su abogado y también estuve en el tribunal, y obviamente podemos, dependiendo de la distancia en que vivimos, desplazarnos según los medios que existen; ustedes saben que el señor Urquizu vive prácticamente fuera del centro de la ciudad, por lo que fue necesario pedirle a un amigo que lo traslade hasta el centro de la ciudad”.
Todo esto, afirmó Petersen, “está dentro de los marcos de la cuarentena y de cumplir una orden judicial, la cual no puede ser desconocida por la Policía”.
Petersen dijo desconocer si el vehículo que trasladaba a Urquizu tenía o no autorización: “no conozco qué vehículo trasladó al señor Urquizu”.
Ya por la tarde de hoy, el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, confirmó que los acompañantes Cuéllar y Avilés fueron aprehendidos e imputados por la Fiscalía por delitos contrarios a la salud y falsedad.
LA RAZÓN
