Chuquisaca – Red Aclo.- La denuncia pública realizada por el observatorio para la exigibilidad de los derechos de las mujeres, da cuenta que varios acusados de feminicidio en el país con sentencia y otros aún con procesos investigativos, fueron liberados al haberse sometido a procesos abreviados o en su caso haber apelado las decisiones judiciales respecto a su detención preventiva, dejando en indefensión a los familiares de las víctimas, exhortan a las autoridades nacionales tomar cartas en el asunto.
Eulogia Tapia, integrante del observatorio que se encuentra integrado por cerca de 60 instituciones y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, explicó que tras realizar seguimiento a varios procesos instaurados contra acusados de feminicidio, constataron que al menos 9 de los acusados en distintos puntos del país, fueron puestos en libertad “denunciamos públicamente y expresamos nuestra indignación ante hechos de IMPUNIDAD y flagrante violación de la Ley 348 y la Ley 1173 por parte de jueces que aprovechando la cuarentena por la emergencia sanitaria por el COVID 19, han llevado adelante audiencias virtuales, sorprendiendo a los familiares de las víctimas, liberando a feminicidas con sentencia y a otros con detención preventiva . Para sorpresa de la ciudadanía muchos de ellos actualmente se encuentran en las calles, esto sin duda muestra como la INJUSTICIA y la IMPUNIDAD prevalecen en el Sistema Judicial de Bolivia”, dicta una parte de la denuncia pública.
El documento menciona algunos casos en los que los feminicidas ya sentenciados fueron liberados por ejemplo “Jaime Pimentel Marca de 40 años, fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto en marzo de 2019, después de haber confesado que asesinó a su concubina, Pamela Viviana Mamani Cala de 29 años. La sentencia fue ejecutoriada el 31 de marzo del mismo año y el condenado debía cumplir su sentencia en el penal de Mocoví, de Beni. Pimentel, fue beneficiado con medidas sustitutivas tras una audiencia de cesación a la detención preventiva celebrada el pasado 19 de junio de la presente gestión. La juez Claudia Teresa Bascope Chávez, en suplencia legal en el juzgado de Reyes (Beni), dispuso la libertad del sentenciado”. Es uno de los 9 ejemplos mencionados.
Tapia hace notar que la ley de abreviación penal es uno de los factores que está beneficiando a los acusados, permitiendo su libertad y dejando en indefensión a los hijos y a los familiares de las víctimas, quienes reciben amenazas y agresiones de parte de ellos “por la magnitud del delito ellos no tendrían ni que someterse a procesos abreviados ni apelar a su detención preventiva en el caso de los que aún tienen el proceso en curso”, expresó a tiempo de recordar que a principios de este año, la presidenta, Jeanine Añez, junto a otras autoridades se comprometieron a enmendar estos errores en coordinación con el órgano legislativo, pero que hasta ahora no se ha tenido ninguna novedad al respecto, lamentó que varias instancias llamadas por ley para efectivizar los procesos estén incumpliendo con su trabajo “la misma policía no está cumpliendo con su rol, porque direcciona los procesos diciéndoles a los testigos que es lo que tienen que decir en sus declaraciones, la fiscalía, el idif y claro el órgano judicial que sabemos está incumpliendo las leyes”, lamentó a tiempo de convocar a la sociedad a hacer eco de la denuncia.
Desde el 1 de enero al 22 de junio de este año, se registraron 54 Feminicidios en el país y más de 500 denuncias de violencia intrafamiliar.
D.P.
