Los 8 integrantes; entre personas de la tercera edad, niños y adolescentes no saben leer ni escribir, la situación habría sido aprovechada por el hacendado quien les inventó una deuda elevada para mantenerlos en esa condición. El sujeto ahora guarda detención preventiva en la carceleta de Monteagudo por presunto abuso sexual.
La denuncia fue realizada por 2 de los hijos, quienes llegaron hasta el municipio de Monteagudo y relataron que sus padres y otros integrantes de su familia trabajaban en una hacienda sin recibir salario alguno, tras ello una comisión interinstitucional (defensoría, policía y ministerio público), decidió ingresar a la residencia para verificar la situación, “se ha encontrado a los padres a algunos otros familiares, se ha encontrado a jóvenes varones entre 14, 15 y 17 años de edad que trabajaban en el tema de la tierra, ganadería, lo agropecuario y uso mecánico pero que no recibían ningún reconocimiento económico de parte del hacendado”, relató el representante del defensor del pueblo en Chuquisaca, Humberto Mayorga.
Una situación que llamó la atención fue el hecho de que la hija de esta familia, una joven de 19 años de edad habría sido víctima de abuso sexual aparentemente de manera consecutiva por parte del hacendado. La comisión decidió instaurar dos procesos penales por ambas causas y aunque el acusado se benefició con la detención domiciliaria por el caso de servidumbre, fue enviado con detención preventiva a la carceleta de Monteagudo por el caso de presunta violación.
De momento la familia ya fue evacuada de los predios donde residían y fue llevada al centro de acogida del municipio de Villa Vaca Guzmán, mientras se define su situación, entretanto desde la defensoría se convoca a la población a denunciar situaciones similares, para evitar la vulneración sistemática de derechos de las familias indígenas como en este caso en el que además de no recibir una remuneración, la familia estuvo privada de acceder a servicios como salud, educación e incluso a la locomoción al extremo de que uno de los hijos, tuvo que aprovechar la visita de unos familiares en la hacienda para escapar y sacar a la luz lo que ocurría.
Ante la aún existencia de familias guaraníes en situación de servidumbre, en 2005 la defensoría del pueblo en coordinación con el CCCH emitió una resolución recomendando al estado adoptar medidas para eliminar las relaciones de servidumbre es por ello que desde entonces al conocer casos como este, la fiscalía, la policía y las defensorías de organizan para actuar de manera conjunta.
