Un nuevo decreto transitorio permite la importación de combustibles en Bolivia. Sin embargo, el analista tarijeño, Fernando Romero, argumenta que esta medida no soluciona el problema de fondo y solo busca aliviar la presión económica a corto plazo.
Explica que un aspecto negativo es el alto costo de importar combustibles y la subvención existente incentivan a que pocos privados se involucren en la importación. La mayoría de la población seguirá dependiendo de la importación estatal a través de YPFB, entre otros aspectos que Romero observa.
” Ese Decreto especial y transitorio de un año del gobierno significa claramente que, en primer lugar, los surtidores no están autorizados para la venta de productos subvencionados. Esto quiere decir que un surtidor no podrá importar y comercializar, al menos eso es lo que dice la normativa. Esto implica que seguiremos dependiendo, en su mayoría, de la importación que haga YPFB y, además, del precio de venta”, explica Romero.
El analista económico enfatiza que la medida es coyuntural y no aborda el problema estructural: el déficit fiscal. Mientras el Estado no genere más divisas y mantenga el monopolio, la escasez de combustibles y dólares continuará, al igual que la inflación.
“Yo reitero que esa medida es solamente coyuntural; es para bajar un poco la inflación de la economía. No está solucionando nada a largo plazo ni de forma estructural, y simplemente esto va a beneficiar, de cierta manera, a reducir el gasto público. Pero también es una forma de pasar la carga, la mochila, aquí en el sector privado”, asegura el analista.
DECRETO SUPREMO 5271
En una rueda de prensa, la jornada pasada el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, anunció la aprobación del Decreto Supremo 5271. Este decreto permite, de manera excepcional, que tanto personas naturales como jurídicas privadas importen diésel y gasolina para su comercialización en el mercado interno.