Potosí, 03 de diciembre.- El reciente contrato firmado entre la empresa rusa Uranium One Group y la empresa pública estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), ha generado preocupación entre diferentes sectores de la sociedad boliviana. Estas preocupaciones se centran en las posibles consecuencias ambientales y la falta de soberanía que este acuerdo podría generar.
Óscar Campanini, Director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), expresó su inquietud por el impacto negativo ambiental que podría tener la explotación de litio en el Salar de Uyuni y otros salares del país.
“Aunque se ha dicho que la planta de extracción no consumirá mucha agua, los propios datos que ellos brindan nos demuestran que no es así. No se tiene seguridad de dónde va a salir el agua, y los estudios que se han hecho señalan que sería cerca de Calcha K, lo que debería preocupar a las comunidades”, señaló Campanini.
El director del CEDIB también manifestó preocupación por el manejo de los residuos, por la posibilidad de que la empresa reintroduzca en el salar todos los residuos que se generen durante la extracción; impactos que aún son desconocidos y generan inquietud.
Campanini también criticó la cláusula del contrato que otorga a la empresa rusa un derecho preferente de compra del carbonato de litio producido en la planta, señaló que Bolivia se compromete a ofrecerle primero a Rusia todo el carbonato de litio que se genere en la planta. Si Rusia lo quiere, lo compra, y solo después se podría vender a otra entidad, motivo que genera preocupación.
Erwin Valda, presidente de una de las Federaciones de la Prensapotosina, también expresó su rechazo al contrato, argumentando que la continuidad del gobierno en la suscripción de estos convenios, tanto con Rusia como con China, dificultaría el acceso al agua, en menospreciao del tema ambiental y pondría en segundo plano la discusión del agua y el uso adecuado de la tierra.
Valda adviertió que las consecuencias del contrato podrían ser funestas para el sudoeste potosino y para Bolivia, “Los ingresos que vamos a percibir no están en equilibrio con las necesidades que tiene el país.” Indicó Valda.
El contrato con Uranium One Group ha abierto un debate sobre la necesidad de una mayor transparencia y una mayor participación de las comunidades locales en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente y a los recursos naturales del país.
CR/ACLO Potosí
