En contacto telefónico con Radio ACLO Tarija, el abogado Abel Guzmán, quien hace seguimiento al tema, informó sobre la audiencia de medidas cautelares que se llevó adelante hoy en Entre Ríos relacionada con la denuncia interpuesta por YPFB y Petrobras contra doce comunarios de Tariquía, denunciados por supuestamente interferir en el trabajo de las petroleras.
El aspecto principal es que el juez ha dictaminado libertad irrestricta para los 12 denunciados, permitiéndoles defenderse en libertad y no accediendo a una petición de detención por parte de la fiscalía o del denunciante.
Guzmán explicó que el proceso de investigación continuará, con un plazo máximo de seis meses establecido por el código penal. El abogado enfatizó que, desde su punto de vista, la denuncia podría carecer de sustento jurídico, sugiriendo la posible aplicación del Artículo 304 del Código de Procedimiento Penal para su rechazo. Argumentó que los comunarios no estaban perturbando el trabajo de las petroleras y consideran el área como una zona de reserva. Además, mencionó que el proceso de consulta legal no se habría realizado adecuadamente, ya que el INRA habría acreditado el derecho propietario a terceros que no son los legítimos dueños.
Guzmán “aplaudió la decisión judicial” que permite a los ciudadanos comunes defenderse libremente, tal como lo establece la Constitución Política del Estado.
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COMUNARIOS
María Nelly Coca, dirigente campesina de Tariquía, relató la situación que enfrentaron los comunarios de la zona tras ser denunciados por supuesta obstrucción a las petroleras y catalogados como personas peligrosas por su defensa de la reserva natural.
Según Coca, a pesar de que las empresas lograron operar en el área, los comunarios fueron procesados y enfrentaron la posibilidad de arresto domiciliario por proteger sus recursos naturales y el medio ambiente. La dirigente expresó su indignación por la criminalización de la defensa del agua y denunció que las empresas estarían buscando mecanismos para acceder a sus tierras.
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