En una reunión celebrada ayer, el Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) acordaron suspender la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que permite el decomiso de productos en casos de agio y especulación. La medida quedará en pausa hasta que ambas partes consensuen su reglamentación y metodología de aplicación, según informaron representantes de ambos sectores.
El líder empresarial también anunció que esta semana se presentará un cronograma para avanzar en el diálogo entre el sector privado y el Gobierno, con el fin de encontrar soluciones concertadas a los problemas que afectan a ambas partes.
Posición del Gobierno
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, confirmó el acuerdo y explicó que se sustenta en tres ejes principales: la suspensión temporal de la disposición, la necesidad de una reglamentación consensuada y el respeto a las competencias del Órgano Legislativo.
El acuerdo se produce tras las protestas del lunes organizadas por el Comité Multisectorial, que agrupa a varios sectores económicos del país. Los manifestantes exigieron la anulación de la disposición y anunciaron medidas de presión escalonadas hasta lograr su objetivo. Además, advirtieron que no participarán en ningún proceso de diálogo mientras la norma no sea derogada.
La decisión de suspender la aplicación de la disposición séptima representa un paso hacia la búsqueda de soluciones consensuadas en un conflicto que ha generado tensiones entre el sector privado y el Gobierno. Sin embargo, el reto ahora es alcanzar acuerdos concretos que garanticen la seguridad jurídica.
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