Gran Chaco, 16 de julio 2025.– La Defensoría del Pueblo, a través de su coordinador regional en la Región Autónoma del Gran Chaco, Walter Portillo, presentó un informe preliminar sobre los niveles de conflictividad registrados en Bolivia entre el 2 y el 16 de junio. Según el documento, durante ese periodo se reportaron enfrentamientos graves en Llallagua, Potosí y en la carretera Oruro-Cochabamba, los cuales derivaron en la muerte de ocho personas: cuatro policías, dos civiles movilizados, un estudiante y una adulta mayor. Asimismo, se contabilizaron 173 heridos, de los cuales 54 son efectivos policiales y el resto corresponde a transeúntes, transportistas y civiles afectados.
Durante esos días críticos, 201 personas fueron aprehendidas, de las cuales 36 permanecen con detención preventiva, mientras se han abierto 32 procesos penales por delitos como uso de explosivos, atentado a la seguridad del Estado, tentativa de homicidio y otros. La Defensoría también denunció obstrucciones a ambulancias y agresiones a personal médico, así como daños colaterales al derecho a la educación y a la economía regional. Varios vehículos —incluyendo camiones y patrullas— fueron quemados durante los disturbios, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.
Portillo destacó que la Defensoría del Pueblo ha tenido una participación activa en estos hechos, realizando acciones de mediación, visitas a hospitales y centros de detención, y verificaciones in situ. Reiteró que si bien la protesta social es un derecho garantizado constitucionalmente, pierde legitimidad cuando deriva en violencia, y que el organismo continuará promoviendo un Plan de Convivencia Pacífica con el objetivo de reconstruir el tejido social afectado. Finalmente, subrayó que la institución seguirá trabajando en redes interinstitucionales para velar por el respeto a los derechos humanos durante este periodo preelectoral, haciendo un llamado a los actores políticos a actuar dentro del marco democrático y legal.
Redacción: Prensa ACLO Chaco
