Herbert Quispe, dirigente de la Federación de Campesinos de Tarija, expresó el rechazo “categórico” de la organización a una propuesta de ley impulsada por el gobernador y asambleístas, al considerar que no fue socializada adecuadamente y podría afectar programas sociales esenciales como el Programa Solidario Comunal (PROSOL), la canasta del adulto mayor y los fondos destinados a los municipios.
Quispe denunció que la normativa tendría un impacto negativo en la población más vulnerable y exigió un diálogo inmediato entre todos los sectores involucrados. Asimismo, convocó a los alcaldes a una reunión para conocer su postura frente a la propuesta.
Como medida de austeridad, la Federación propone una reducción salarial del 50% para funcionarios de altos ingresos. Ante la posibilidad de que la ley avance, los campesinos se declararon en estado de emergencia y anunciaron movilizaciones si sus demandas no son atendidas.
La Federación reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de la población tarijeña y pidió a las autoridades priorizar el bienestar social sobre intereses particulares
ASAMBLEÍSTAS
La asambleísta Juanita Miranda criticó el proyecto de ley en discusión, destacando que una disposición transitoria otorga al gobernador la facultad de realizar modificaciones presupuestarias, administrativas y legales sin aprobación de la Asamblea Departamental ni consenso social. Miranda advirtió que esta medida centraliza la toma de decisiones, omite detalles cruciales y afecta la transparencia y participación ciudadana en la implementación de la ley.
GOBERNADOR
Sobre la ley en cuestión, hace poco, el gobernador de Tarija, Oscar Montes, desmintió rumores sobre la eliminación de ayudas sociales durante una conferencia de prensa sobre la “Ley de Emergencia Financiera”. Aseguró que servicios y programas como no serán cerrados y continuarán beneficiando a la población.
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